Equipos técnicos de la Policía Ambiental Minera y el Área de Desarrollo Sostenible realizaron relevamientos a productores ladrilleros durante el fin de semana, como parte del proceso que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente para ampliar la información disponible, incorporar nuevos actores y avanzar hacia un ordenamiento progresivo de la actividad.
La Autoridad Ambiental Minera continúa con los operativos en territorio para unificar y enmarcar, dentro de las leyes y criterios de sostenibilidad, la actividad minera de tercera categoría. Este fin de semana se realizó un operativo en El Algarrobal (Las Heras), con el objetivo de tomar contacto con productores que no habían intervenido en instancias anteriores, conocer de primera mano las particularidades de la actividad en la zona y acercar información sobre las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en coordinación con los municipios en donde se lleva a cabo esta actividad productiva.
“El operativo, que contó con agentes de la Policía Ambiental Minera (PAM) y profesionales del Área de Desarrollo Sostenible, se integra a una dinámica orientada a fortalecer el vínculo directo entre el Estado y la comunidad productiva. A través del diálogo en territorio se busca construir diagnósticos más precisos, mejorar la comunicación institucional y generar condiciones que faciliten futuras etapas de trabajo conjunto”, explicó el jefe de la PAM, Guillermo Bickham.
La visita se inscribe en una visión integral que busca construir información precisa sobre el sector, fortalecer instancias de comunicación directa y generar condiciones adecuadas para un proceso de regularización que contemple la heterogeneidad productiva, social y geográfica que presenta la actividad ladrillera en Mendoza.
La intervención, además, forma parte del monitoreo permanente que el Ministerio de Energía y Ambiente sostiene en todo el territorio provincial para asegurar la aplicación efectiva del Código de Procedimiento Minero y del conjunto de la normativa ambiental vigente. La ampliación de los mecanismos y esfuerzos de control mediante la articulación con diferentes órganos públicos ha permitido robustecer la capacidad de fiscalización del Estado, acompañar a los productores en el cumplimiento de sus obligaciones y avanzar hacia mayores niveles de previsibilidad, formalidad y trazabilidad en el desarrollo de la actividad minera.
